a nivel político


  1. Desaparición de las autonomías políticas entendidas como diferentes países. Esto conlleva la supresión en la duplicidad de organismos públicos ya que esta aberración estructural no agiliza la solución de los trámites de la ciudadanía, al contrario, los ralentiza y paraliza.
  2. Organigrama político nacional y provincial coherente en cuanto a puestos y salarios. Un político por cada 2.500 habitantes. Por cada 20 políticos de índole local existirá 1 de carácter provincial que supervisará y gestionará el trabajo de sus 20 colaboradores.
  3. El salario del político ha de estar regulado por ley y ligado al salario mínimo interprofesional, es decir el sueldo de un político no deberá ser superior a un número de veces el SMI. A su vez dicha relación será decreciente en el rango desde político nacional a local. Solo tendrá un salario y no dependerá del número de mesas en el que se siente. Consecuentemente si cobra del Estado por su función política ya no podrá cobrar por el cargo que ocupe en su partido político.
  4. Control exhaustivo de la gestión y distribución coherente de los medios necesarios para que cada político desarrolle su trabajo (supresión del 90 % de los coches oficiales, liberación de la mayoría de los edificios alquilados completamente infrautilizados, supresión de muchas embajadas especialmente todas aquellas que representen a una autonomía en particular).
  5. Eliminación de prebendas y pensiones vitalicias. Además las dietas han de ser coherentes. Toda cantidad que sobrepase la dieta será asumida por la persona en cuestión. Tendrán que pagar el transporte público y privado que usen por cuestiones no laborale
  6. Beneficios políticos exclusivos de la vida política, es decir, en el momento que un político cese en su cargo quedarán rescindidos todos los beneficios que por dicho cargo poseyera, desde el coche oficial hasta el móvil. El salario también irá ligado en tiempo y forma al cargo ocupado, por lo que en el momento que se deja un cargo político también se dejará de cobrar por dicho cargo.
  7. Desaparición de los cargos públicos. Dicho trabajo será llevado a cabo por funcionarios existentes y nuevos que accederán a la bolsa de trabajo mediante oposiciones.
  8. El cumplimiento de estos siete primeros puntos significará la creación instantánea de más de 500.000 nuevos puestos de trabajo de funcionariado y a la vez supondrá un ahorro contado en decenas de miles de millones de euros anuales. Se habrán suprimido cientos de miles de sueldos estratosféricos y se habra eliminado en el mismo número las posibilidades de robo y estafa.
  9. Eliminación de la inmunidad parlamentaria (permite al político robar sin consecuencia judicial).
  10. Eliminación del aforamiento.
  11. Reforma de la ley electoral.
  12. Reforma del Banco de España. Actualmente no funciona como órgano de control sino como medio para dar legalidad a muchas prácticas bancarias ilegales.
  13. Reforma del Tribunal de Cuentas para que los futuros integrantes sean dotados de la independencia y autoridad necesarios para llevar a cabo su función y por supuesto erradicando el nepotismo en su plantilla.
  14. Reforma de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos. Se implementarán tres fases encaminadas a la reducción hasta la supresión total de la financiación pública de los partidos políticos. Se acotará inicialmente dicha financiación a 5 cienmilésimas (0,00005) del PIB a repartir entre todos los partidos existentes según su peso electoral y para el total del periodo de una legislatura (actualmente 4 años). No se puede obligar a un ciudadano a contribuir a la financiación de un partido del que no es partidario.
  15. Por coherencia con el artículo 11, lo mismo sucederá con las secciones sindicales ya que no se puede obligar a un ciudadano a subvencionar una sección sindical con la que no se sienta identificado.
  16. Supresión del Senado.
  17. Supresión del Consejo de Estado.
  18. La prestación por desempleo de todo trabajador volverá a estar ligada al SMI y no al IPREM.
  19. JUSTICIA. Creación de un órgano exclusivo y excluyente para delitos contra la Administración pública.
  20. JUSTICIA. Creación de 6.000 nuevas judicaturas que junto con los 5.155 jueces actuales harán un total de unos 8.500 jueces aproximadamente. Muchos de los jueces actuales serán juzgados y expulsados por corruptos y títeres políticos. Sí, hay jueces corruptos, todos lo sabemos, jueces cuyo trabajo consiste en blanquear chorizos.
  21. JUSTICIA. Reforma del Consejo General del Poder Judicial, así como del procedimiento de acceso al mismo. Sus mienbros no serán nombrados por el partido político de turno.

 

En base a los puntos anteriores:

Se crearán medidas de control que impedirán el acceso y continuidad políticos a las manzanas podridas. Tampoco se permitirá la entrada en la política a persona alguna que se haya visto envuelta en estafa o corrupcíón. 

Se cerrará la puerta a los tránsfugas. Un político NO podrá saltar de un partido a otro por dinero o para ocupar posición de mando y posteriormente estafar. Esta acción conllevará suspensión de empleo y sueldo sin derecho a paro, además será inhabilitado de por vida para todo cargo político. El cambio de un partido a otro será regido mediante procedimiento en tiempo y forma.

SÍ A LAS AUTONOMÍAS GEOGRÁFICAS.

Las autonomías geográficas nacieron en su día con el fin de unir provincias que, por su historia y tradiciones, guardaban similitud y debían de ir unidas con el propósito de alcanzar objetivos comunes y crecer juntas. La descentralización en su justa medida es más que necesaria para que aumente la fluidez y se resuelvan con mayor rapidez muchas gestiones públicas en cualquiera de sus ámbitos.

NO A LAS AUTONOMÍAS POLÍTICAS DE VIVIDORES.

Tenemos la misma estructura pública repetida 17 veces en un mismo país. Las 17 autonomías sirven para cobijar a un número ingente de vividores que no aportan nada al pueblo del que están viviendo.

ACTUALMENTE TODO SE COLAPSA POR EL EXCESIVO NÚMERO DE VOCES DE MANDO, DUPLICIDAD DE CARGOS Y NI UN SOLO RUMBO EN COMÚN.

Se realizarán auditorías que tendrán doble finalidad: a) conocer las funciones y carga de trabajo de cada puesto; b) detectar las posibles irregularidades cometidas por sus titulares durante el desempeño de sus funciones.

Los integrantes de los nuevos puestos de funcionariado creados serán responsables de sus actuaciones y su permanencia en cada cargo concreto irá ligada al ejercicio de sus funciones. Existirán objetivos y por tanto responsabilidades.

Cualquier modificación del salario político, sea del rango que sea, no podrá sobrepasar los límites expuestos y ha de ser aprobada en el Congreso de los Diputados, debiéndose informar a los ciudadanos con una antelación de 3 meses antes de proceder a dicha aprobación.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL ÓRGANO ADECUADO, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE DAR CONOCER A LOS CIUDADANOS EL COSTE MENSUAL DE LA ESTRUCTURA PÚBLICA y cada plataforma provincial desglosará su coste en localidades y cada una de éstas en miembros. Dicho informe se elaborará semestralmente.

Los políticos han de tener un solo sueldo y su aptitud y actitud laborales han de estar controladas. Se hará efectiva la ley de incompatibilidades desapareciendo la existencia de varios sueldos en un mismo cargo. Para ocupar puesto político será condición necesaria pero no suficiente estar en posesión de titulación universitaria. El perfil académico de cada puesto estará perfectamente definido y además habrá unos requisitos específicos para cada puesto a ocupar. 

Ningún político podrá ser dueño, tener participación o vinculación directa con la empresa privada.

Las pensiones vitalicias serán consideradas jubilaciones y por tanto los baremos para su cálculo (salario y tiempo trabajado) tenderán a ser acordes con las del resto de trabajadores españoles.

Se suprimirán las delegaciones autonómicas en el extranjero ya que fuera de España, cualquier órgano creado ha de representar a todos los españoles.

Políticos corruptos crean ciudadanos corruptos, por tanto, se creará toda herramienta necesaria para que el comportamiento político sea ejemplar.

Desaparecerán los cargos de confianza. Todo el entramado administrativo y los cargos de confianza surgen con un solo objetivo, la opacidad para poder tapar los robos y estafas realizados por los miembros de cada partido. Los partidos políticos no son empresas públicas, sino privadas que solo favorecen sus intereses por lo que tendrán que autogestionarse. Si son empresas públicas, sus números serán controlados por funcionarios públicos.

Finalizarán la financiación descontrolada de los partido políticos. Es una estafa manifiesta las innumerables subvenciones (directas, indirectas, centrales, autonómicas, provinciales y locales) que obtienen todos los partidos políticos. Estamos hablando a nivel global de miles de millones de euros anuales ya que los partidos no atienden a razones y aún gastan más de lo que reciben, adquiriendo deuda que también hemos de pagar nosotros.

 Se reformará la ley electoral, Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, eliminándose el concepto de circunscripción ya que favorece a los partidos consolidados. Por tanto no se perjudicará a los partidos con sus votantes repartidos por el territorio nacional. El cómputo para el reparto de escaños de cada partido no se obtendrá mediante el método D'Hondt, cómputo que insulta a la democracia ya que hace que los tramposos posean escaños que no les corresponde.

Los votos en blanco se considerarán como tales (ciudadanos que no se sienten representados por ninguno de los partídos existentes) y su cómputo significará la existencia de escaños vacíos.

ESPAÑA PODRÍA SER UN PAÍS RICO SI EL DINERO GENERADO EN SU ETAPA DE DESARROLLO (EXPLOSIÓN URBANÍSITCA, CREACIÓN DE EMPRESAS, SUBVENCIONES Y AYUDAS) SE HUBIERA EMPLEADO HONESTAMENTE EN VEZ DE HABER SIDO ROBADO POR EL SISTEMA POLÍTICO CORRUPTO.

Del mismo modo que en una guerra llaman daños colaterales al asesinato de civiles, ESTÁN LLAMANDO CRISIS A LA CONSECUENCIA ECONÓMICA DE UNA ESTAFA MONUMENTAL. A nosotros nos dan asco los eufemismos.