más órganos judiciales contra la corrupción


(Del libro Corrupción Municipal; JM. Urquiza; Ed.Almuzara. 2005.)

Como ya hemos dicho en otro lugar, jueces y fiscales son garantes de la legalidad. Resultando que por determinadas circunstancias (falta de órganos especializados y de medios, legislación inadecuada, carencia de estímulos profesionales y de conocimientos específicos, etc.), no despliegan toda la eficacia que sería deseable en la lucha contra la corrupción pública.

De otra parte, la Fiscalía Anticorrupción, creada en 1995 para intervenir directamente en asuntos penales que tengan que ver con delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública, adjudicándosele un espacio específico en la investigación de delitos cometidos en varias provincias, o que tengan conexiones internacionales, no ha resultado lo operativa que era de esperar.

Es por ello que en el ámbito estrictamente judicial, se impone la adopción de tres medidas muy concretas para una más eficaz lucha contra la corrupción:

a) La concentración, en un solo órgano judicial, de las materias criminales relativas a la represión de los delitos relacionados con la corrupción.

b) La implantación, en cada provincia del Estado español, de fiscalías delegadas de la Fiscalía Anticorrupción.

c) La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para que se duplique el plazo de investigación de la Fiscalía (actualmente establecido en 6 meses), y para que se puedan realizar diligencias secretas, en casos especiales.

En cuanto a la primera de las propuestas, planteo la creación de los Juzgados contra la Corrupción, especializados, con jurisdicción exclusiva y excluyente, en la instrucción de todos aquellos procedimientos penales referidos a delitos contra la Hacienda Pública, contra la ordenación del territorio, prevaricación, abuso o uso indebido de información privilegiada, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones legales, tráfico de influencias y cohecho.

Ello responde al claro propósito de que la totalidad de las causas criminales de este tipo que se susciten dentro de su jurisdicción sean instruidas por jueces con conocimiento específico y profundo de la materia. Deberían crearse juzgados de este tipo en las capitales de provincia de todo el país, así como en aquellos partidos judiciales donde los procedimientos penales sobre la materia sean más frecuentes.

Por otra parte, esta especialización debe tener su implantación igualmente en la fase de enjuiciamiento. Bastando al efecto con que un Juzgado de lo Penal o una sección de la correspondiente Audiencia Provincial asuman en exclusiva el conocimiento y enjuiciamiento de las causas propias de corrupción que haya instruido el juzgado especializado. Con lo que también se ganaría en coherencia en la labor interpretativa de las normas, siendo posible así alcanzar criterios más homogéneos en la aplicación de la ley penal y evitar resoluciones desiguales, cuando no contradictorias, en asuntos similares.

Por lo que se refiere a la designación de fiscales provinciales, delegados del Fiscal Anticorrupción, amén de ser obligatoria por así disponerlo la Ley de creación de ésta, la bondad de la medida es más que evidente. La proximidad del fiscal al hecho delictivo y a las circunstancias sociales económicas y políticas en las que se desarrolla, así como su conexión con el Juzgado especializado, del ámbito territorial correspondiente, harían más eficaz, en todos los aspectos, la investigación del asunto. Sobre todo si se refuerza igualmente la facultad investigadora del Ministerio Fiscal en la instrucción de las causas penales, ampliándose el plazo legal al efecto y posibilitando el que algunas de sus pesquisas se lleven a cabo con carácter reservado, para la preservación de pruebas.