a nivel judicial


Unificar procedimientos: los procedimientos han de ser más cortos y sencillos.

Se impondrán sanciones económicas rigurosas para delitos menores con el fin de que la cuantía de la sanción sea superior a la cuantía que cataloga el carácter del delito. Este tipo de delitos ha de ser sumatorio de modo que si no se supera la cantidad mínima para que sea considerado delito, existirá un tiempo en el que la comisión de un nuevo delito significará que la cuantía del mismo será la suma de dicho delito más la del delito o delitos cometidos anteriormente durante dicho periodo de tiempo. La reincidencia multiplicará la sanción. En el caso de inmigrantes con probado historial delictivo, una vez pagada la sanción o cumplida la pena, podrán ser expulsados del país si el juez así lo decide. Si contravinieran dicha obligación de expulsión serán de nuevo encarcelados y juzgados por este nuevo motivo, cumpliendo el total de la pena impuesta por el juez y procediendo de nuevo a su posterior expulsión.

NINGÚN DELITO ECONÓMICO (POR ROBO, CORRUPCIÓN, ESTAFA, ETC.) PODRÁ CONLLEVAR UNA MULTA ECONÓMICA INFERIOR A LA CUANTÍA ECONÓMICA QUE DIO LUGAR O FORMÓ PARTE DEL DELITO.

Abaratar la Justicia: ha de ampliarse el acceso al abogado de oficio. ¿Son necesarios los procuradores?

Emparejamiento del imputado: en la medida de lo posible y sin contravenir los principios generales del derecho, los imputados de delitos que mediante sentencia judicial no sean condenados o que siéndolo ya hayan cumplido la pena impuesta por el juez y hayan vuelto a delinquir, serán obligatoriamente juzgados por el juez que lo hizo la primera vez. Esta medida tendrá doble finalidad, que a algún juez se le caiga la cara de vergüenza por el resultado social de su decisión y además que tuviera la oportunidad de enmendar su error.

Condenar la politización judicial. Se creará temporalmente un órgano judicial con el objetivo de estudiar aquellas sentencias que hayan sido favorables a políticos, cargos públicos y altos funcionarios envueltos en casos de corrupción. Al margen de la imposibilidad de un nuevo juicio para los imputados, sí será posible estudiar la correcta actuación del juez. Nadie imagina a un juez yendo a la cárcel por corrupción. Son intocables aun favoreciendo a sus amigos políticos, pudiendo dictar sentencias dirigidas de antemano por los propios políticos o cargos públicos poderosos.

A veces incluso la ocultación de la verdad y la exaltación de la mentira se usa para fomentar el descrédito de una persona, para la expropiación de sus empresas o para retirarla del mundo político y que deje de ser una amenaza electoral. Los dictadores de antaño asesinaban a sus enemigos políticos, hoy en día la política se ha vuelto más civilizada ya que manejan la justicia para que parezca todo muy legal.

Creación de un órgano judicial exclusivo y excluyente para delitos contra la Administración Pública. Se crearán juzgados especializados en este tipo de delitos. Dichos juzgados se encargarán del principio y fin de los procesos judiciales, es decir, que no habrá ningún otro órgano judicial que juzgue dichos delitos. Los jueces que formarán este nuevo órgano serán elegidos por su trayectoria judicial impoluta.

Ha de haber un compromiso serio de encarcelar a todo político y o cargo público corrupto, así como a recuperar el dinero por ellos robado.

Reforma del Consejo General del Poder Judicial, sobre todo en el modo de elegir a sus miembros.

Especialización judicial real y coherente. Del mismo modo que el principio de territorialidad es un chiste con el aforamiento, los procesos judiciales, dependiendo de su índole serán llevados a cabo exclusivamente por el juzgado especializado concreto. No habrá trasvase de casos ni de jueces de un juzgado de una especialidad a otro de una especialidad distinta.

El poder legistlativo reside en los políticos de turno y al ser éstos unos chorizos integrales, desde hace ya demasiados años todas las leyes de nueva creación han sido para proteger a los delincuentes de guante blanco y a los delincuentes comunes asiduos. El robagallinas puntual es el único que recibe una pena contundente y en la mayoría de los casos desproporcionada con el delito cometido.

Se reformará la ley a velocidad vertiginosa (juristas, jueces y abogados estarán obligados a entenderse) limpiando las lagunas y contradicciones que actualmente protegen al corrupto. Las sentencias judiciales crearán jurisprudencia. El pasotismo judicial será castigado, desde la poca o ausencia de preparación de los casos hasta el almacenamiento de casos sin resolver en un juzgado. Las persecuciones personales entre compañeros de esta profesión serán cortadas de raíz ya que sus consecuencias las pagamos todos los españoles.

Los periodistas han de ejercer su trabajo con plena libertad pero sin dificultar la actuación de los cuerpos del Estado. Los programas que se entrometan en los casos durante su proceso judicial, deberán de actuar con la cautela adecuada y controlada para que su actuación no entorpezca en ningún momento las pesquisas y actuaciones llevadas a cabo en dichos casos. Cierto tipo de programas solo se interesan por los casos de gran repercusión mediática y generalmente intentan manejar la opinión pública para que ésta repercuta en el desenlace final del caso.

Teniendo en cuenta la coherencia de las sentencias judiciales (no vinculantes) falladas en juicios populares emitidos en los medios audiovisuales, estamos seguros de que la manada de chorizos de nuestro sistema político deberían de ser juzgados de este modo y que los españoles viéramos en tiempo real las actuaciones de jueces, fiscales, abogados, acusados y testigos.

Habrá responsabilidades por descoordinación judicial cuando del resultado de la misma se deriven daños a personas o patrimonio.