tomaduras de pelo o estafas


Las cantidades de dinero que se despilfarran en España para engordar los bolsillos de amigos y ex políticos es de sinvergonzonería barata. Se pagan cantidades desorbitadas por estudios sobre estupideces varias que rayan el insulto a nuestra inteligencia. Hablamos de cientos de millones de €/año por comunidad.

Aquí tienes algunos casos solo en la comunidad catalana, especialmente Barcelona. Puedes extrapolarlo al resto de comunidades:

11.999 € por un informe de una sola página sobre democracia digital y cultura on line que fue bajado de internet.
295.000 € por dos portales web que nunca funcionaron.
12.000 € por un estudio sobre brujos y brujas.
27.956 € por un estudio sobre la almeja brillante.
24.000 € por un estudio sobre la colocación de los libros en las bibliotecas públicas de Gerona.
11.956 € por un estudio sobre el cultivo de la chufa.
150.000 € por un informe de 37 páginas sobre la cultura china.

Uno de los estudios más escandalosos fue el Diseño de un parchís, puzzle y troquel de la casita de cartón recortable, del Departamento de Gobernación, por el que se pagaron 11.368 euros a la empresa Cenespro SL. El supuesto informe “consta de tres folios explicativos de cómo dividir un logotipo en un rompecabezas y una casita recortable, motivo por el que carece de utilidad alguna y su valor económico es nulo”.

Interior también tiene su informe estrella: Supervisión de los procesos de realización, diseño y ejecución de campañas de sensibilización en seguridad costó la friolera de 29.000 euros y constaba de “un documento en formato Powerpoint, muy breve y meramente descriptivo de las campañas de sensibilización llevadas a cabo por el Departamento, así como de sencillas propuestas para futuras campañas comunicativas. el valor real del estudio no es coherente con el elevado precio que el Departamento pagó por su elaboración”.

Acción Social y Ciudadanía encargó también un estudio a la empresa Gestió de Programes de Formació SL sobre una Campaña de juguetes no sexistas, que costó 12.000 euros. “El estudio consta de 20 folios y su texto está copiado (o incluso fotocopiado) de otras publicaciones y artículos”, dice la querella. Además, los diputados de CiU habían visto un informe original en la consejería con una frase magistral: “Una criatura de nuestro país ve una media de XX XXXXXXX (sic) anuncios al día”. Cuando se entregó una copia al Parlamento, la frase se había modificado: “Una criatura, en nuestro país, de 4 a 12 años, ve una media de 147 horas de televisión semanales”. Una nueva metedura de pata, porque eso significa que los críos se pasarían 21 horas del día viendo la televisión.

En Cultura, las cosas no van mejor: Un estudio de Darío Sirerol sobre Ambientación olorosa de un espacio circular de unos 30 metros cuadrados de superficie abiertos en su parte superior  costó 1.392 euros. El supuesto estudio era, en realidad, la instalación en el museo de Arqueología de dos ambientadores. El informe, solicitado cuatro meses después por el director del Museo al instalador, consta de cinco folios: el primero, la portada; uno y medio explica cómo funcionan los ambientadores; otro es la foto de un ambientador; y el último, un plano de la ubicación de los aparatos difusores en una sala del Museo.

La suerte de Marcos Lekuona. Este ex asesor político del PSOE trabajó para varios departamentos: En Acción Social realizó la Evaluación y propuestas de desarrollo de la organización, por el que cobró 12.000 euros. El estudio tiene 46 páginas pero muchas de ellas son documentos genéricos que no tienen nada que ver con la consejería “y fueron elaborados clarísimamente con la técnica de cortar y pegar”. Marco Lekuona También trabajó para Gobernación realizando el Proyecto de desarrollo organizativo, evaluación y desarrollo de los procesos y estructuras organizativas de la dirección superior, con otros 12.000 euros y que, según CiU, “es un estudio vacío de contenido y sin concreción específica respecto al Departamento que lo encarga”. Otro informe para Innovación, Universidad y Empresa costó también 12.000 euros y se titulaba Proyectos de desarrollo de la organización y la dirección, nuevamente “vacío de contenido y redactado a base de la técnica cortar y pegar”. Este último informe fue visto escrito en castellano, con 112 páginas, en la sede de la consejería “y con constantes referencias a las siglas ERC”. La versión enviada al Parlamento era de sólo 23 folios escritos en catalán y habían desaparecido las referencias a Esquerra.

Otro estudio que CiU quiere investigar es un Informe sobre el sector de la automoción en Cataluña, de Euca 2000, por el que el Departamento de Trabajo pagó 29.580 euros. No se pone en duda el contenido del mismo, pero sí llama la atención que la misma empresa elaborase también otro trabajo bajo el lema Dictamen sobre la situación de Seat y escenarios de futuro para la consejería de Innovación, Universidad y Empresa por un precio de 20.880 euros. Los dos informes, según CiU, tienen “diversas páginas idénticas”, por lo que considera que se ha pagado por dos lados.

Sin embargo, en Barcelona La Fiscalía ha archivado por falta de indicios la denuncia presentada por el Sindicato Manos Limpias contra el Govern por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación a través del encargo de informes de «dudosa utilidad» elaborados por personas afines al gobierno catalán. Se trata de 1583 informes de valor unitario inferior a 12.000 €.

Los departamentos que tienen algún informe sospechoso son los de Cultura, Acción Social, Interior, Gobernación, Innovación, Agricultura y Trabajo. La extravagancia de algunos de los títulos encargados hacía pensar en una probable contratación excesiva e innecesaria de estudios y, de rebote, en una posible financiación irregular de los partidos políticos del Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV). Presidencia, Vicepresidencia e Interior se negaron en rotundo a entregar copia de los estudios con un valor de menos de 12.000 euros.

La Fiscalía ha decidido archivar la causa pero ha remitido diversos expedientes  al Tribunal de Cuentas por «si pudiera existir responsabilidad contable». Según la Fiscalía, se trata de trabajos de asesoramiento o de mercadotecnia «sobre los que se hace difícil determinar si el precio pagado es ajustado a la naturaleza del trabajo realizado y constata que no le compete «entrar a valorar la mayor o menor oportunidad o el posible abuso de la contratación externa realizada por el gobierno de la Generalitat». Tampoco ha detectado «pagos por informes inexistentes o carentes de contenido o por informes que son copia» de textos de internet.

AQUÍ PAZ Y DESPUÉS GLORIA.